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Antier, la Primera Sala de la Suprema Corte suspendió para el IFT (y para Banxico) la reducción salarial impulsada por el Presidente López Obrador, como ya lo había hecho hace unos días para COFECE. Es buen momento para reflexionar sobre el impacto de esta reducción para las dos autoridades de competencia de nuestro país, más allá de lo político y lo ideológico.

Pongamos a un lado la discusión sobre los objetivos: para un gobierno que tiene por prioridad eliminar los privilegios y reducir la desigualdad, una política de competencia vigorosa es un aliado natural. El propio Presidente ha destacado repetidamente la competencia como medio para bajar las comisiones bancarias, por invocar sólo un ejemplo.

La pregunta es cómo se impulsa la competencia. En todo el mundo, se ha hecho con legislaciones específicas (en México, la Ley Federal de Competencia Económica, ajustada a las mejores prácticas) cuya aplicación se encarga a instituciones especializadas. Y en esto está la clave:

Como la falta de competencia es un problema profundo, se requiere un esfuerzo sistemático para enfrentarlo, lo cual a su vez exige instituciones sólidas que mantengan el rumbo, resistan presiones, eviten excesos y superen reveses. Un horizonte de largo plazo, pues, en lugar de esfuerzos aislados o voluntades fugaces.

En México, contamos con COFECE y el IFT, instituciones bien armadas y limpias, con mandato legal claro y orientación al largo plazo.

Pero tener la institución es sólo el principio. La prueba de fuego está en sus actuaciones. Por la complejidad de los fenómenos económicos, es necesario hilar fino para distinguir los comportamientos normales de las prácticas ilegales. Y una vez hecho esto (que no es poco), es indispensable construir casos sólidos que preserven los derechos de los gobernados y resistan la revisión judicial. Que den certidumbre jurídica, en pocas palabras.

Para lograrlo, las instituciones requieren un alto grado de especialidad en las vertientes económicas y jurídicas del derecho de la competencia. Sólo así puede haber una política de competencia vigorosa pero objetiva, que no tolere privilegios pero tampoco se preste para arbitrariedades.

COFECE y el IFT, en un esfuerzo de muchos años, han construido auténticos servicios civiles con técnicos íntegros, sólidos y altamente especializados y cuerpos colegiados de decisión.

Pero la especialidad es costosa, porque es escasa y se paga bien (a veces varias veces más) en el sector privado. La vocación de servicio público conduce a algunas personas admirables a sacrificar ingresos por formar parte de estas instituciones, pero no nulifica las realidades económicas básicas: si la brecha entre los sectores privado y público crece demasiado, las instituciones ya no podrían reclutar y retener el capital humano esencial para contribuir eficazmente a eliminar privilegios y desigualdades.

Puede haber una discusión legítima sobre los méritos de casos específicos. Yo, que me dedico a esta materia, frecuentemente estoy en desacuerdo con COFECE y el IFT. Es normal.

Si hubiera insatisfacción con el desempaño de las instituciones, exíjaseles más: mejor priorización, más agilidad, mayor éxito en el Poder Judicial; en suma, el máximo valor social a cambio del presupuesto asignado. La Constitución prevé mecanismos institucionales de rendición de cuentas que pueden y deben usarse para ello.

En cambio, reducir la capacidad de acción de las instituciones al impedirles contratar y retener especialistas sólo cancelaría una vía eficaz del Estado mexicano para eliminar privilegios y reducir la desigualdad, objetivos centrales de este gobierno y, supongo, de todos los que nos esforzamos por un México más libre, más justo y más próspero.

El autor es socio de Agon Economía|Derecho|Estrategia